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Ministro del Tribunal de Cuentas plantea modificar normativa para que algunas resoluciones sean obligatorias
Antes de que terminara el pasado período de gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social le concedió a la organización Eusebio Vidal, en el departamento de San José, la tarea de hacerse cargo de un refugio para personas en situación de calle. La asociación civil se había conformado para otro fin -crear una radio comunitaria- y terminó llevando adelante una tarea para la cual ni tenía experiencia ni estaba preparada.
Como escribía el domingo el periodista autor de la nota publicada en el diario El País, Carlos Tapia, “la historia de la Eusebio Vidal es un buen ejemplo de todo lo que está mal a la hora de hacer contrataciones desde el Estado”. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas observó todos los contratos que se hicieron sin licitación entre el MIDES y la Eusebio Vidal desde el año 2014. En total fueron seis las observaciones que hizo el organismo de contralor: la primera es del 23 de diciembre de 2014, por un contrato de $ 5,6 millones. La segunda en febrero de 2016, cuando se la volvió a contratar directamente por $ 6,3 millones. La tercera fue el 25 de enero de 2017, cuando se les dio $ 2,3 millones. La cuarta fue el 31 de mayo de 2017 ante un acuerdo por $ 4,6 millones. La quinta fue el 26 de abril de 2018, por $ 3,9 millones. Y la sexta fue el 15 de agosto de 2018, por $ 5,5 millones. En total fueron $ 28,2 millones lo que le pagó el Estado a la organización Eusebio Vidal.
Ruperto Long, ministro del Tribunal de Cuentas dijo a Así nos va que el Ministerio de Desarrollo Social tiene “muchos casos de observación por diversas razones” y que “una de ellas es la contratación directa”. Long explicó que los organismos pueden hacer contrataciones directas para cubrir emergencias por “pequeños montos” de dinero, cuando el se excede el gasto es observado por el Tribunal de Cuentas. “A lo largo del tiempo se tiene que generar un mecanismo competitivo, que es lo único que garantiza transparencia, mejor servicio y mejores costos”, dijo el ministro.
Long dijo que a pesar de que el Tribunal de Cuentas haga una observación “el organismo tiene la potestad de reiterar asumiendo su responsabilidad y por lo tanto el gasto sigue adelante” y señaló que “es necesario establecer disposiciones legales que hagan que en determinadas resoluciones sea mandatorio, que sea obligatoria la resolución del tribunal”. “La respuesta va más por el lado de la responsabilidad o el temor a la opinión publica”, acotó.
El ministro del Tribunal de Cuentas indicó que “los recursos humanos son muy escasos” para desempeñar la tarea. “Tenemos un Estado cada vez más complejo, que ha crecido, pero el tribunal siempre está igual. Eso hace difícil que esta labor se pueda hacer de la forma exhaustiva que uno desearía”, dijo Long y advirtió que por ese motivo “no se esta pudiendo ejercer un control” sobre “la gran mayoría” de las sociedades anónimas que son propiedad total o parcial del Estado, los fondos y algunos fideicomisos.
“El Tribunal tiene potestad amplia e independencia, el ciudadano sabe que hay un ojo que está señalando. ¿Eso lleva a que las cosas se hagan? Esa garantía no se la puedo dar”, concluyó Long.
